jueves, 3 de enero de 2008

El Teatro Romano de Sagunto volverá a ser una ruina

La polémica restauración del Teatro Romano de Sagunto parece llegar a su fin. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado el plazo de dieciocho meses para que se ejecuten las obras de reversión del Teatro Romano de Sagunto dictadas en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de abril de 2003. Así lo establece una sentencia de la sección cuarta de dicha Sala del Alto Tribunal hecha pública el 2 de enero de 2008, en la que se desestima el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Sagunto contra un auto del TSJCV que desestimó el recurso de súplica del Consistorio, al que se condena al pago de costas. Esta sentencia expone que la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto estuvieron de acuerdo en que las obras a realizar en el Teatro eran posibles, y, por tanto, la sentencia era ejecutable una vez firme, y que en lo que discrepan es en el modo de ejecución, o el hasta dónde la ejecución pude ir. La sentencia condena a costas a la Corporación recurrente, aunque reduce esa cifra a 3.000 euros, "habida cuenta de la postura adoptada" por la defensa de la Generalitat, "que formalmente se opone al recurso, pero se aparta luego de esa oposición" para pedir que se dicte sentencia conforme a Derecho.

Imagen actual de las gradas del teatro de Sagunto, que deberán levantarse, y del escenario. Jesús Císcar

El Ayuntamiento de Sagunto planteó en su recurso extraordinario formalizado en 2003 ante el Supremo hasta cinco motivos de casación, todos los cuales han sido rechazados. Entre esos motivos, la Corporación planteaba que el grado de reversión acordado "imposibilita el uso cultural continuado" del Teatro, con la consiguiente "repercusión negativa" en el ámbito cultural de la ciudad, y que afectará "gravemente" a la economía del municipio y a la calidad de vida de los saguntinos. Para el Alto Tribunal, este motivo no es "digno de ser tomado en consideración", porque concluidas las obras el Teatro "podrá seguir prestando el servicio cultural que cumplía", sin que su ejecución pueda "afectar, y menos gravemente" a la calidad de vida de los vecinos y a la actividad económica. "Que puedan producir determinadas molestias durante la ejecución de las mismas es evidente, pero nada más", afirma la sentencia, y añade que no se aportan pruebas de los "males" que auguran, los cuales "de ser ciertos, que no lo son, serían transitorios" y, "desde luego, no podrían imponerse sobre la ejecución de una sentencia firme".

La Corporación saguntina también planteaba que el TSJCV aplicó en su resolución "indebidamente" la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, y no la de Patrimonio Cultural Valenciano de 1998, en cuyo caso sí se hubiera permitido la actuación que se hizo en el Teatro y las obras serían en este momento conformes a Derecho. El TSJCV consideró ilegal en 1993 la intervención por infringir la ley estatal de Patrimonio Histórico de 1985, arguyendo como razón: "El proyecto de restauración y rehabilitación consistía realmente en una obra que se asienta sobre las ruinas de un teatro romano y las oculta, tratándose de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas (...). El Supremo señala ahora que esa es una cuestión "completamente ajena al auto que se ejecuta, así como a la sentencia firme que decidió la cuestión en su día controvertida", y además se mueve "en el terreno de la hipótesis de la posible aplicación de una norma muy posterior en el tiempo a la aplicada por la sentencia". El Alto Tribunal recuerda además en este punto la existencia de un incidente de ejecución de sentencia, que concluyó con el auto ahora recurrido, y en el que ambas Administraciones -Generalitat y Ayuntamiento- asumieron la posibilidad de ejecución de la sentencia.

Otro de los argumentos del Consistorio es que el auto a su juicio "no garantiza el uso cultural continuado del Teatro", ante lo que el Supremo señala que "esa intervención no tiene por qué frustrar el uso cultural continuado del Teatro como se hacía con anterioridad al proyecto luego ejecutado y posteriormente declarado nulo". "Y en cuanto al gasto que ello suponga, no es una cuestión que deba contemplar la ejecución de la sentencia, como tampoco lo fue en su momento el que supuso la realización del proyecto", añade la sentencia, que considera que el auto del TSJCV es "cuidadoso y preciso" en cuanto a la intervención que dispone sobre el Teatro.

Según dictaminó el auto del TSJCV de 2003, las obras consistirán en el levantamiento de las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de la cávea (gradas) del Teatro Romano de Sagunto, y en la demolición del muro de cierre de la escena hasta una altura de 1,20 metros, y la encargada de estas tareas será la Generalitat; es decir, desaparecerá el actual escenario reconstruido y el teatro recuperará su aspecto ruinoso previo a la intervención diseñada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. La Generalitat debe ejecutar la sentencia, que tendrá un coste de unos seis millones de euros.

17 años que ha transitado por el movedizo terreno de la política y del debate arquitectónico de qué hacer con las ruinas. En este caso, un teatro romano, construido en el siglo I, probablemente entre los emperadores Augusto y Tiberio, y declarado monumento nacional. El teatro se construyó en el siglo I y sufrió múltiples modificaciones a lo largo de su historia. El arquitecto Manuel Portaceli ha reiterado que el teatro romano ya estaba reconstruido en un 80% antes de la intervención.

El abogado y ex diputado autonómico del PP Juan Marco Molines inició el litigio en 1993 contra la intervención promovida por la Generalitat, a la sazón gobernada por Joan Lerma, del PSPV-PSOE. "Se acabó la posibilidad de recursos", dijo ayer un satisfecho Marco Molines. El PP valenciano hizo bandera contra el proyecto, si bien con los años la campaña fue perdiendo fuerza conforme la Generalitat, gobernada a partir de 1995 por los populares, dotaba de uso cultural al recinto. El teatro romano se convirtió en una patata caliente que se ha ido eternizando en recursos. El Supremo ha desechado el argumento de que la reversión "imposibilita el uso cultural continuado" y ha echado por tierra la opinión extendida de que, guste o no, demoler el teatro ahora es innecesario. El alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, del PP, afirmó que hay que cumplir la sentencia y la diputada socialista Ana Noguera se preguntó por qué el PP no ha derribado las gradas del estadio Mestalla declaradas ilegales.

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